Cozumel, 26 de marzo. – Usuarios y representantes de embarcaciones en la Marina de Cozumel han manifestado una creciente inconformidad ante las condiciones impuestas por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en los nuevos contratos de servicios. A pesar de haber llegado a un acuerdo respecto a las tarifas de pago, los testimonios coinciden en que la falta de seguridad jurídica a largo plazo es el principal obstáculo para la firma de estos documentos.
Alberto Angulo Sauri, usuario de la marina, aclaró que la comunidad náutica no se niega a pagar y que ya se ha aceptado una tarifa específica, sin embargo, señala que el conflicto reside en la “letra chiquita” de los contratos.
Específicamente, denuncia una cláusula que permite a la administración notificar de manera unilateral la terminación del contrato en un plazo de 15 días, lo que dejaría a los dueños sin su espacio de atraque y sin certeza sobre su patrimonio.
William Güemes Vidal, presidente de la Sociedad Cooperativa de Trabajos Turísticos, Acuáticos y Subacuáticos de Cozumel, señaló que los nuevos contratos pretenden hacer “borrón y cuenta nueva”, ignorando los antecedentes y derechos que los usuarios han adquirido a lo largo de los años en el resguardo marítimo.
Afirma que el contrato está diseñado totalmente a favor de la autoridad, deslindando a la ASIPONA de cualquier responsabilidad legal o daño que puedan sufrir las embarcaciones e incluso impidiendo que los usuarios puedan demandar en caso de incumplimientos.
Existe el temor de que, ante el fallecimiento de un titular, la administración no respete la transferencia del contrato a familiares, dejando el sustento de las familias náuticas en la incertidumbre.
Se enfatizó que este espacio es una marina de trabajo y social, creada para los hombres de mar y náuticos cozumeleños que generan recursos para la isla, a diferencia de la marina turística adyacente.
Los afectados han manifestado que son más de 170 embarcaciones las que se encuentran en esta postura de resistencia y aseguran que llegarán “hasta lo último” tanto legal como socialmente si no se modifican las cláusulas abusivas.
Los usuarios mantienen su postura de no firmar hasta que se establezca un diálogo que garantice un trato justo y seguro para sus espacios de trabajo.